En febrero, dio de baja en forma unilateral un convenio por el cual tenía a quinientos efectivos de la Policía Federal

Macri había rechazado lo que ahora reclama

Se trata de la Policía Comunitaria, integrada por federales y financiada por la Ciudad, que trabajaba desde 2004 a las órdenes de las autoridades porteñas. En 2009, Nación ya había cortado el servicio de policía adicional por falta de pago.

Por Eduardo Videla

Desde ayer, policías de la Metropolitana se hicieron cargo de la seguridad en tres hospitales porteños.

Antes de que el gobierno nacional le sacara a la ciudad de Buenos Aires el servicio de policía adicional, el gobierno porteño había dado de baja otro convenio con la Nación y renunciaba a seguir sosteniendo la Policía Comunitaria, un cuerpo integrado por unos 500 efectivos de la Policía Federal que prestaba servicio a las órdenes de las autoridades porteñas. La decisión, adoptada en febrero último, pasó prácticamente inadvertida, lo cual revela la naturaleza política de la actual disputa: nadie en el gobierno porteño se rasgó en ese momento las vestiduras por la pérdida de esos efectivos, que probablemente hubieran reforzado las tareas de la Policía Metropolitana. El actual conflicto por el cese de los servicios adicionales tiene un antecedente no muy lejano: a fines de 2009, la Policía Federal le había cortado la prestación a la Ciudad, que mantenía una deuda de 40 millones de pesos. Lo reclamado en la actualidad es de al menos 20 millones, correspondientes a siete meses de servicios impagos.

“Macri prescindió del servicio de 500 efectivos de la Policía Federal porque consideraba que le bastaba con la Metropolitana, y ahora reclama lo que antes descartó”, denunció el legislador Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria). De hecho, los 500 efectivos de la Comunitaria trabajaban ocho horas, mientras que los 1400 que prestaban servicios adicionales lo hacían en módulos de cuatro horas.

El servicio de Policía Comunitaria estaba vigente desde enero de 2004, a partir de un acuerdo entre el entonces jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, y quien era ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, Gustavo Beliz. En virtud de ese convenio, se creaba la Dirección General de Policía Comunitaria, integrada por efectivos de la Policía Federal, cuya misión era “instrumentar programas de seguridad ciudadana” previamente consensuados con la Ciudad. Esta mínima fuerza tenía atribuciones para actuar en materia contravencional, en tránsito, seguridad en parques, plazas y espacios verdes y como auxiliar del Poder Judicial de la Ciudad.

“Como regía la ley Cafiero y no podíamos tener policía propia, la idea era crear un cuerpo al que se incorporaran 500 efectivos por año, a los que la Ciudad les pagaba el sueldo, pero seguían perteneciendo a la estructura de la Federal, y los equipaba comprando patrulleros”, recordó Aníbal Ibarra, hoy legislador porteño.

La baja del convenio que sostenía la Policía Comunitaria fue decidida el 14 de febrero de este año por un decreto que firmaron el ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro; el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, y el jefe de Gobierno a cargo, Oscar Moscariello (Mauricio Macri estaba entonces de vacaciones). La norma, publicada en el Boletín Oficial el 3 de marzo último, argumenta que la Ciudad había creado la Policía Metropolitana, que “si bien no dispone de la cantidad de efectivos para cubrir el amplio ámbito geográfico” de la Ciudad –hoy son alrededor de 1900 efectivos–, se encuentra en pleno proceso de expansión”. El decreto fundamenta la denuncia del convenio en que “en reiteradas oportunidades, ante requerimientos puntuales” de las autoridades porteñas, “la Policía Comunitaria no brindó la colaboración debida”.

Dos años después, en septiembre de 2006, el entonces jefe de Gobierno, Jorge Telerman, suscribió con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, un acuerdo para la prestación del servicio de policía adicional en puntos fijos dependientes de la administración porteña. Ese servicio se cumplió a través de módulos de cuatro horas diarias, que los policías federales realizan después (o antes) de cumplir con su horario de servicio regular, a manera de horas extra.

Ese convenio colapsó en noviembre de 2009, cuando la Ciudad acumuló una deuda de 40,1 millones de pesos con la Policía Federal, que cortó el servicio de adicionales. En ese momento, después del correspondiente cruce mediático, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro Montenegro llegaron a un acuerdo que no sólo incluía un cronograma de pago, sino el compromiso de establecer reglas de convivencia entre la Federal y la Metropolitana. Después de ese acuerdo, se restablecieron los servicios adicionales.

Ahora la situación es diferente. Existe la decisión política de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, de reforzar la presencia policial en las calles, como manera de apostar a la prevención del delito. Para eso, resolvió sacar a policías de tareas administrativas y de actividades de custodia de edificios, tareas que –se interpreta– podrían ser cumplidas por personal de seguridad privada o agentes de la Metropolitana.

El anuncio del retiro de los servicios adicionales se hizo el lunes último y se puso en vigencia 24 horas después. Ayer, la sobreactuación por parte del gobierno porteño sobre una posible desprotección en edificios públicos derivó en medidas de fuerza en algunos hospitales porteños (ver aparte). Para la diputada porteña Gabriela Alegre, “si bien la presencia policial en los efectores de salud es necesaria”, las situaciones de violencia que se viven en esos servicios “tiene que ver con la falta de respuestas del sistema, como carencia de insumos, suspensión de cirugías o tardanza de las ambulancias”.

La Policía Federal dio el correspondiente preaviso de 30 días para anunciar que el convenio se dará de baja el 6 de mayo. Pero el servicio dejó de prestarse ese mismo día por falta de pago. Según la Nación, el gobierno de Macri le adeuda 27 millones de pesos. La Ciudad admite que son 20,5 millones, a razón de tres millones por mes.

Fuente Página/12

La Federal presta servicios adicionales en unos ochocientos puntos. El plan de retiro de ese servicio empezó, justamente, por los contratados por el gobierno porteño, que cubren 114 de esos objetivos. El resto se cumple en empresas estatales y otros organismos públicos. En el gobierno nacional argumentan que se empezó por ahí porque “la Ciudad cuenta con una fuerza policial, no está desprotegida”. En Bolívar 1, en cambio, interpretan que la intención es “provocar un daño a la gestión de Macri”. Sea como fuere, la pelea no parece tener una resolución a la vista.