Denuncian a Carrió, Bullrich y Prat Gay por obstaculizar una ley antilavado
Publicado el 16 de Abril de 2011
Por Según la presentación judicial, los tres referentes de la Coalición Cívica se oponen a las reformas a la ley de lavado de dinero con el propósito de “entorpecer el cumplimiento de las obligaciones con el GAFI para salvar al Grupo Clarín”.
Tres de los máximos exponentes de la Coalición Cívica –su líder natural, Elisa Carrió, y los legisladores Alfonso Prat Gay y Patricia Bullrich– fueron denunciados ante la justicia federal porteña por presuntamente obstaculizar la sanción de una nueva ley antilavado en el Congreso con el objetivo de “salvar al Grupo Clarín”. La acusación, directa y sin ambages, fue formulada por el ex ejecutivo del banco estadounidense JP Morgan Hernán Arbizu, prófugo de la justicia estadounidense, con pedido de extradición pendiente y autodenunciado ante los tribunales argentinos como parte de una asociación ilícita destinada a evadir impuestos y lavar dinero. Arbizu es el “arrepentido” que contó a la justicia argentina cómo se habrían cometido maniobras para transferir recursos de las ex AFJP al Grupo Clarín, en una supuesta estafa a los intereses de los futuros jubilados que está en plena investigación.
La denuncia de Arbizu contra Carrió, Prat Gay y Bullrich lleva el número 3807/11, ingresó a la Cámara Federal el 8 de abril pasado y por sorteo recayó en el juzgado N° 3, a cargo del magistrado Daniel Rafecas. El martes próximo, a las 10 de la mañana, el denunciante deberá presentarse en los tribunales federales de Retiro para ratificar sus imputaciones, que básicamente se refieren a los supuestos delitos de “encubrimiento y propiciar sanciones contra la República Argentina”. Esta última figura es prácticamente desconocida incluso para los juristas. Sin embargo, existe: la Ley 14.034, sancionada en 1954 y aún vigente, bajo el título de “Penalidades para quienes propician sanciones contra el Estado Argentino”, establece penas de prisión de cinco a 25 años e inhabilitación absoluta y perpetua a quien “por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado Argentino”.
Según la denuncia, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino, los tres referentes de la Coalición Cívica “han votado como si no existieran las causas y sus precedentes, en contra de la estatización de las AFJP y a favor del 82% móvil”, y en consonancia, “ahora se oponen a las reformas a la ley de lavado de dinero”, lo que “no tiene otro objeto que entorpecer el cumplimiento de las obligaciones con el GAFI para salvar al Grupo Clarín”. El Grupo de Acción Financiera Internacional es el organismo multilateral que establece los protocolos internacionales en materia de lucha contra el lavado de activos. La Comisión de Finanzas y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que ahora espera por su tratamiento en el recinto, en una suerte de carrera contra reloj para evitar potenciales sanciones porque la legislación vigente no es acorde a las normas internacionales.
Arbizu recordó que Carrió impulsó una recordada investigación por prácticas de lavado de dinero en 2001; que Bullrich fue ministra del gobierno de Fernando de la Rúa y actualmente es diputada, y que el hoy también diputado Prat Gay fue funcionario del JP Morgan, “banco vinculado a la maniobra que investigara Carrió, el Banco General de Negocios (BGN), y a la maniobra de violación de la ley de las AFJP y lavado de dinero, en la que está como principal imputado el Grupo Clarín”.
El mes pasado, la Cámara Federal confirmó un embargo de 100 millones de pesos contra el JP Morgan, en una causa relacionada con la caída –hace una década– del BGN, de los hermanos Rohm. La causa principal tramita ante la jueza federal María Servini de Cubría e investiga si la quiebra fue consecuencia de los delitos de vaciamiento, lavado de dinero, fuga de capitales y defraudaciones, cometidas al calor de la crisis que sacudió al país a fines de 2001 y que terminó abruptamente con la fallida experiencia del gobierno de la Alianza.
“Prat Gay no podía ignorar por haber trabajado en JP Morgan en Londres, sede principal de las maniobras del Grupo Clarín, las maniobras delictivas que se hacían”, sostiene la denuncia de Arbizu. De allí, de esas antiguas vinculaciones, deduce que surgen los obstáculos de la Coalición Cívica ante “la necesidad imperiosa de la nueva ley de lavado de dinero, para evitar sanciones contra la República, que los imputados con su intervención, están promoviendo”.
Fuente Tiempo Argentino
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